26 de febrero de 2025

Escándalo internacional

Escándalo internacional. Una denuncia por la criptoestafa ingresó a la Audiencia Nacional de España

El escándalo por la estafa con $LIBRA, la criptomoneda que promovió Javier Milei y que causó pérdidas millonarias a miles de inversores, llegó también a Europa con una denuncia presentada ante la fiscalía de la Audiencia Nacional de España para que se investiguen en ese país "las consecuencias de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo por el presidente de Argentina, Javier Milei". Así lo explicó el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, quien hizo la presentación judicial después de que el diario El Mundo revelara que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, quien impulsó el lanzamiento del token, viviría parte del año en Girona, Cataluña. También pasaría tiempo allí parte de su familia, con la que comparte el negocio. El hecho de que puedan "operar desde territorio español" es lo que sostiene el legislador que podría habilitar la competencia allí.

Esta ramificación internacional no es la primera que se abre desde que estalló el Criptogate. En Estados Unidos, en un comienzo se presentó ante el Departamento de Justicia el Estudio Moyano & Asociados, con una denuncia donde dice que representa a 40 ciudadanos estadounidenses y residentes estafados a raíz de que invirtieron en $LIBRA, motivados por el posteo del presidente Milei que la promovió el 14 de febrero último, y terminaron perdiendo la mayor parte de esos criptoactivos, tras una maniobra conocida como rug pull (tirar de la alfombra). Allí se fueron sumando reclamos, algunos que llegan online desde Argentina también. Tanto las demandas civiles como penales podrían ser aceptadas allí, pero no es seguro que prosperen en un país que desde que gobierna Donald Trump atraviesa un proceso regresivo en materia de regulaciones del mercado cripto. Este martes, tanto desde el lado de los empresarios acusados como de algunos demandantes, dijeron a este diario que ya comenzó la investigación penal. En rigor, sería un primer paso previo a cualquier intervención de una fiscalía, que cumplen los órganos gubernamentales que reciben las presentaciones.

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