Locales. Para el Ejecutivo, la toma de Movediza tiene dos salidas posibles: "urbanización o desalojo"

En un encuentro con periodistas desarrollado este jueves por
la mañana, el Jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, el Secretario de Legal y
Técnica Javier López y la Secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri,
ofrecieron un desglose de los acontecimientos más importantes en los 18 meses
que lleva la ocupación ilegal de terrenos en el predio de 6 hectáreas de calles
Piccirilli, Salta, Misiones y Chaperouge, y cuya propiedad acreditó ante la
justicia la familia Moauro.

En un raconto de lo que ha venido ocurriendo desde el 23 de febrero de 2023, cuando 15 familias
intrusaron el lugar, los funcionarios recordaron que de inmediato, el propietario,
Daniel Moauro realizó la denuncia por usurpación de inmueble, la Fiscalía 3,
del Dr. Luis Piotti certificó que el terreno no formaba parte del RENABAP y acreditó
la titularidad de quien se presentó como dueño de los terrenos.

Pocos días después, el
28 de febrero, Personal de la Comisaría Segunda realizó un relevamiento sobre
la población de la toma y el 8 de marzo, se envió a Fiscalía un informe con
datos de cada persona obtenidos de los registros municipales, ANSES y del
protocolo de situación de calle, constatándose
que a dos semanas de iniciada la ocupación, ya había 86 personas en el predio.
Además, se recordó que en ese informe "no se advierten situaciones reales de
calle ni situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional previa a la toma".

El 17 de marzo de 2023, el Juzgado de Garantías I, a cargo
del Dr. José Moragas, frente a la solicitud de allanamiento y desalojo
compulsivo que realiza el Fiscal Piotti, haciendo mérito de los argumentos del
Defensor Oficial Diego Araujo por existir grupos en "situación de vulnerabilidad",
ordena aplicar el Protocolo de Corte, dar intervención a organismos de mediación,
intimar a que se desocupe voluntariamente, proveer custodia policial para que
no se instalen más familias, prohibición de avanzar o mejorar las construcciones
ni dotar de servicio eléctrico, dar intervención a los servicios locales y
zonales al momento del desalojo.

Frente a ese escenario, el 29 de marzo, se realizó la
primera reunión del Protocolo de Corte, de la que participaron la Secretaría de
Hábitat y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires,
la Dirección Provincial de Regulación del Hábitat, la Subsecretaría de Hábitat
del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Provincial, la Defensoría del
Pueblo de Tandil, la Dirección de Programa de Acceso Justo al Hábitat de la
UNICEN, el Instituto de la Vivienda de PBA, el Ministerio Público de Buenos
Aires, la Fiscalía provincial, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de
Desarrollo Humano y Hábitat municipales. Allí, se acordó realizar un censo.

El 17 de abril se
obtuvieron los resultados del censo, donde se observó que en el lugar la
población había crecido a 283 personas, con 50 emplazamientos y se insistió en
que "ningún ocupante se encuentra en situación de calle".

El 24 de mayo del año pasado, el Juez de Garantías dictó un resolutorio que intimaba a los ocupantes del
predio a "abandonarlo voluntariamente antes del 8 de julio" y prorrogó la medida
de no innovar hasta esa fecha.

Al mes siguiente, autoridades de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Hábitat se reunieron con los integrantes de la toma, en la sede de la
dependencia cuando funcionaba en Avenida del Valle, y les ofrecieron "abordar y
asistir de forma individual cada situación e incorporarlos al Registro de
Demanda Habitacional". En ese momento, las primeras 15 personas que ingresaron
al terreno, se retiraron voluntariamente, según recordó Marcieri.

EN AGOSTO DE 2023 EL
PROPIETARIO PIDIÓ SUSPENDER EL DESALOJO

El 7 de julio de 2023, la Defensoría Oficial del Dr. Diego
Araujo recurrió la decisión del desalojo, en tanto se esperaba resolver el
conflicto "por otras vías", como el ofrecimiento de alternativas
habitacionales. El juez otorgó 15 días para que avancen las negociaciones y
fijó fecha de audiencia para el 22 de septiembre.

Sin embargo, los funcionarios se detuvieron en una
circunstancia puntual, ocurrida el 8 de
agosto de 2023, cuando el abogado representante del particular damnificado
solicitó que se suspenda el desalojo y pide que se designe una audiencia
con el fin de consensuar la ejecución de la propuesta de urbanización realizada
por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

El 22 de septiembre, se llevó adelante la audiencia pactada,
de la que el Municipio decidió no participar, "entendiendo que si existen terrenos con fines sociales deben sortearse
al público en general (NdR: vecinos que se encuentran inscriptos en el registro
de Demanda Habitacional y que también esperan un terreno propio) y no entre la
población de la toma".

Las negociaciones de Moauro y el gobierno de provincia que
había ofrecido una urbanización, fracasan y el titular de las tierras, vuelve a
solicitar el desalojo, que se fijó para el 31 de octubre.

El 27 de octubre, "a pedido del Gobierno Nacional y de la
Defensoría Oficial, la Justicia suspende nuevamente el desalojo. En el pedido
Nación notifica oficialmente que el predio está identificado y será incorporado
al RENABAP por lo que solicita la suspensión de la medida", destacó el
Secretario Javier López, quien luego recordó que el 6 de diciembre, solo 4 días antes de entregar el gobierno
nacional, "la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, incorporó el lote al Registro Nacional de Barrios Populares
(RENABAP)".

El 14 de diciembre, en función de la incorporación del
macizo al RENABAP, el Juez de Garantías dictó sentencia dejando sin efecto el
desalojo ordenado, pero en febrero de
este año, la Cámara de Apelaciones de Azul declara inconstitucional esa inclusión
en el RENABAP, y revoca la sentencia ordenando que se cumpla con el
desalojo.

En mayo, El Dr. Araujo, desde la Defensoría Oficial presentó
un recurso de Queja en Casación y el 19 de junio pasado, el nuevo Subsecretario
de Integración Socio - Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, validó la incorporación
del terreno en el RENABAP mediante un acto administrativo, y solicitó levantar
la medida de innovar en materia de servicios.

DESALOJO SUSPENDIDO,
OTRA VEZ

Posteriormente, el 16
de agosto, a través de su abogado, el propietario presentó ante la Justicia una
solicitud de continuar con el desalojo entendiendo que el recurso de queja
no tiene efecto suspensivo. Además, los vecinos lindantes al terreno usurpado
presentaron una nota ante la Justicia, el Concejo Deliberante y el Departamento
Ejecutivo, solicitando la inconstitucionalidad de la inclusión en el RENABAP.

El 22 de agosto, la defensa del Moauro presentó ante la
Justicia otro escrito, denunciando el incumplimiento de las medidas judiciales
y pidiendo que se expida el juez sobre el pedido de desalojo inmediato. "El
defensor oficial se opuso al pedido de desalojo por entender que la queja tiene
efecto suspensivo", indicó el Dr. López en el encuentro con la prensa.

Finalmente, este
miércoles 28 de agosto, el Juez de Garantías rechazó la solicitud de la
representación legal de Moauro, por considerarla "prematura", hasta que el
desalojo no haya adquirido firmeza.

Los funcionarios municipales expresaron preocupación porque en
la actualidad, las construcciones de material han proliferado y la cantidad de población
asentada en la ocupación se ha incrementado notoriamente. Se estima que actualmente hay en el lugar 144 familias, viven allí 92 menores de edad, y hay 73 emplazamientos construidos.

En ese sentido, Julio Elichiribehety evaluó que al conflicto
le quedan dos salidas, "la urbanización,
o el desalojo. En cualquiera de los dos casos, es de una complejidad enorme, y
el Municipio va a tener un rol fundamental".

Sin embargo, rechazó las voces críticas que apuntan a que el
gobierno local ha dejado crecer el tema por inacción, y subrayó que "acá hay un
particular, que le han tomado los terrenos, que le pide a la justicia que se
los devuelvan y en la causa penal, el Municipio no forma parte, aunque nos
hemos comprometido a cumplir todos los protocolos necesarios y hemos mantenido
reuniones con todos los sectores involucrados".

Al respecto, la crítica se dirigió a la inclusión irregular del
predio en el RENABAP, realizada por el gobierno nacional de Alberto Fernández,
pero que no fue rectificada aun por la actual administración libertaria, y es
el principal elemento por el que la justicia, en los últimos meses, decidió no
avanzar en la medida de desalojo.