La Región. La Defensoría rechazó que el gobierno nacional quiera cerrar un área que investiga desapariciones

Se trata del Unidad Especial de Investigación de la
desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado
(UEI), que funciona dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (CONADI).

La UEI se encarga de requerir información a organismos
públicos para dar con personas apropiadas durante la última dictadura
cívico-militar, y de auxiliar a la Justicia en el proceso de búsqueda de la
verdad respecto de los crímenes cometidos.

"Es un eslabón de vital importancia en las políticas
públicas que Argentina construyó desde la recuperación de la democracia. Si
unilateralmente el gobierno decide cerrarla sería un retroceso y una
obstaculización de las miles de investigaciones en curso y de las que personas
interesadas podrían abrir en el futuro", sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido
Lorenzino.

Esta postura va en contra del argumento que sostiene el
gobierno, que expresó que la Unidad duplica las funciones de fiscales y jueces.
En realidad, las asiste, protege la intimidad de las personas y se contrasta
información a fin de no crear causas improcedentes.

"El desmantelamiento de la UEI privaría a la ciudadanía y al
servicio de Justicia de una herramienta sensible en casos de sustitución de
identidad y búsqueda de nietos y nietas apropiados. También saturaría todavía
más el sistema de Justicia y a la inaccesibilidad de la búsqueda para las
personas que dudan sobre su identidad, quieren aportar información o buscan a
sus familiares", agregó Lorenzino.

La CONADI fue creada en 1992 para buscar niñas y niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños nacidos de madres en
cautiverio que fueron apropiados. A lo largo de los años sus funciones se fueron
complejizando y especializando, en una tarea que es de referencia mundial.

En 2004 se sumó la UEI como instrumento para agilizar la
búsqueda y ayudar a la Justicia en la tarea de reconstruir nuestro pasado,
mediante el esclarecimiento de los crímenes del Estado y la restitución de la
identidad de las personas que los sufrieron y quieren vivir con la libertad de
conocer su historia.

"Recortar las facultades de la CONADI, cuando lo que se
requiere es ampliarlas ante los desafíos que plantea el paso del tiempo y lo
dificultoso de la búsqueda, es una decisión equivocada y una afrenta a la
construcción colectiva sobre los principios de Memoria, Verdad y Justicia que
el pueblo y los sucesivos gobiernos democráticos argentinos han abrazado",
expresó Lorenzino.

Para la Defensoría, la UEI y la CONADI son instrumentos
básicos y de referencia en el asesoramiento, acompañamiento y gestión de los
reclamos en casos de sustitución o averiguación de identidad de origen
biológico, ya que trabaja con sus agentes, conoce la excelencia de su desempeño
y se ha nutrido con la forma en que realizan sus tareas.

"La defensa de los derechos de las personas implica poner a
su alcance las herramientas y los recursos públicos y gratuitos, accesibles y
capacitados, para responder a sus demandas y ejercer sus derechos en libertad y
plenitud", puntualizó Lorenzino.