Genocidas. Denunciaron penalmente a diputados y penitenciarios por la visita a Astiz

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) quedó envuelto en un sinfín de excusas para explicar la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas de la última dictadura. Oficios en los que no nombraban a los legisladores oficialistas que tomaron café con leche con Alfredo Astiz; respuestas en las que tenían a diputados que no habían entrado a la cárcel de Ezeiza y nombres que aparecían a cuentagotas. Toda una comedia de enredos que terminó con una denuncia penal que formuló el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, y remitió para que la investigue la justicia de Lomas de Zamora.

El 11 de julio, seis diputados oficialistas llegaron en una camioneta de la Cámara de Diputados a la Unidad 31 de Ezeiza, donde están alojados Astiz y otros represores de la última dictadura. La comitiva estuvo integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.

A priori, esta información sencilla no fue fácil de explicar para el SPF, que depende de Patricia Bullrich. Los pedidos de explicaciones de los tribunales federales se iniciaron en plena feria judicial, cuando el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, exhortó al juez Obligado -que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz- a averiguar cómo se había gestado la excursión a la cárcel.

Obligado le pidió informes a Bullrich. La ministra demoró la respuesta casi una semana, pese a que el magistrado le había dicho que el requerimiento tenía carácter de urgente. En el ínterin, Bullrich salió a respaldar a los diputados que deambularon por la Unidad 31 de Ezeiza y a atacar a Slokar, a quien acusó de no tener la "misma vara" para todos. La respuesta destemplada de Bullrich generó la reacción de los organismos de derechos humanos, que respaldaron al camarista.

Cuando llegó la contestación al TOF 5, la sorpresa fue grande porque no vino con la firma de Bullrich ni con la del titular del SPF, Fernando Martínez. El jefe penitenciario optó por un perfil bajísimo después de que se filtraran chats en los que Benedit -organizador de la comitiva a Ezeiza- lo describió como un "excelente colaborador", lo que daba cuenta de que se había forjado un vínculo entre ambos. Posiblemente porque el diputado entrerriano es habitué de la Unidad 31 y la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados los criminales de la última dictadura.

El subdirector del SPF, Diego Morel, le envió un oficio a Obligado en el que lo único que decía era que los diputados habían estado en la cárcel siguiendo las normativas y que habían ingresado el 11 de julio. Ni quiénes eran los diputados que habían entrado ni con qué represores se habían entrevistado: esa información se le perdió por el camino al número dos del SPF.