Teerink sobre la decisión judicial de la toma en Movediza: "Nos preocupa que se avale una práctica que es ilegal"

Teerink calificó como "sorpresiva" la notificación judicial, que llegó mediante un oficio recibido por la Usina de Tandil, en la que el juez dispuso que se debía conectar el servicio de energía eléctrica a los ocupantes del predio de Movediza, en caso que cada uno de ellos lo gestionara.

La funcionaria municipal indicó que la decisión judicial, "va en contra de la línea que veníamos trabajando, que tenía que ver con otras cuestiones, y cuando el juez toma esta determinación, nos vemos involucrados en la posibilidad de acceder a la solicitud de materiales, y a intervenir desde el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, en caso que hubiera situaciones de vulneración de derechos".

"Más allá de la precariedad habitacional, de la que tenemos pleno conocimiento, nuestra Secretaría está abierta a consultas para resolver, de manera pacífica y voluntaria la retirada del lugar, desde lo particular, no desde lo grupal", indicó Teerink, en contacto con LA VOZ DE TANDIL.

Asimismo, consultada por el censo poblacional que se desarrolló en el lugar, poco tiempo después de iniciada la toma de los terrenos, la funcionaria advirtió que "lo que se hizo en un principio no es lo que hoy sucede. Hoy hay entre 80 y 100 familias, y hay que triplicar el número de personas que allí están habitando o que pasan la mayor parte del tiempo. Pero nosotros no tenemos certeza de una nómina de quienes serían las personas que están en el predio ocupado".

Teerink remarcó que "mediante una ocupación no es por donde debe resolverse el déficit habitacional", y aclaró que en caso de que al Muncipio se le demanden materiales de construcción, "se evaluará en cada caso, pero nuestro programa de mejoramiento de viviendas tiene un encuadre legal, donde quien solicita debe presentar una documentación que pruebe que o es propietario, o que le ceden el espacio, pero en otros casos no podemos entregar materiales, nos inhabilita absolutamente el marco legal, por eso desde el Municipio vemos un desencuentro en esta medida".

Reconoció la funcionaria que la decisión de Moragas, "pone al gobierno municipal en un lugar incomodo, e impredecible. La postura del Municipio siempre fue la de no aceptar estas prácticas, porque supone una injusticia e inequidad para aquellos que están en la misma condición de no poder acceder a una vivienda, o de precariedad habitacional".

"No es una práctica que queramos que se instale y no queremos sentar un precedente. No es la salida", insistió la entrevistada, concluyendo que "está trabajando el área Legal y Técnica del Ejecutivo, ocupándose del proceso que corresponda".