INTA: en escandalosa reunión, el Gobierno recibe un revés en su intento de privatizar y despedir

Luego de muchas horas de reunión a puertas cerradas y bajo custodia policial, el Consejo Directivo del INTA desautorizó parcialmente al gobierno nacional, y no le dio su aval para su avanzada privatizadora sobre miles de hectáreas de campos y el histórico edificio de la calle Cerviño, que ya fue lanzada sin esperar este consentimiento. Tampoco avaló el plan de despidos reclamados desde el gobierno. A última hora de la noche directamente se levantó la reunión, sin ninguna votación. Ni siquiera se avaló una primera tanda de retiros voluntarios dentro del instituto.

La reacción mayoritaria adversa de los consejeros de las entidades rurales y las universidades se originó en la falta de presentación por parte del gobierno de Javier Milei de un plan consistente de modernización, a pesar de los anuncios que en ese sentido hizo el miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni.

La sesión del consejo directivo del INTA, que está formado por diez integrantes de los cuales solo tres responden directamente al Poder Ejecutivo (el presidente Nicolás Bronzovich, la vice Beatriz Pilu Giraudo y un delegado de la Secretaría de Agricultura) comenzó temprano, en medio de una ruidosa manifestación de trabajadores del organismo en las puertas del edificio central ubicado en la calle Rivadavia, que denunciaban el "desguace". El organismo es autárquico y por lo tanto es este el órgano que debe avalar todas las decisiones que se tomen.

Desde hace varios meses, el gobierno de La Libertad Avanza está reclamando -al igual que en otros organismos- un fuerte ajuste de la planta de personal, cercano al 15%, lo que implicaría deshacerse del unos 1.400 empleados, entre ellos muchos técnicos e investigadores. El INTA tiene, según el dato de su propia conducción, unos 6.450 empleados. Y hasta el momento solo pudo convencer a 300 de ellos de aceptar un retiro voluntario, y concretar la jubilación de otros 300. Por eso el Ejecutivo anunció que no se iban a renovar 227 contratos de personas ingresadas en 2023, que sumadas a otras 200 que dejaron el organismo por varios motivos (sobre todo los bajos salarios) terminan de redondear una reducción cercana al millar de trabajadores.

Pero con el correr de los meses, a esta exigencia se sumó la apetencia de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), ya que los funcionarios libertarios descubrieron que el INTA tenía varios edificios y sobre todo campos que podían salir a la venta. Con únicamente el aval del presidente Bronzovich, que reemplazó a Juan Cruz Molina, quien renunció porque no estaba dispuesto a avanzar mucho más allá con el ajuste, el gobierno avanzó rápido con la convocatoria a una subasta por un edificio emblemático ubicado en la calle Cerviño 3101, en Barrio Norte, donde trabajan todavía cerca de un centenar de personas. Se espera obtener por ese cotizado edificio, al menos 6,3 millones de dólares de base.

Tan a las apuradas se tomó esa decisión -la subasta tiene fecha incluso para el 23 de diciembre- que en el Ejecutivo no repararon que faltaba el aval imprescindible del Consejo Directivo del INTA, la máxima autoridad en materia patrimonial y de definiciones políticas, y la única en condiciones de tomar una decisión sobre la enajenación de bienes del Instituto. De hecho, con ese argumento los gremios amenazaron con impugnar el proceso en la justicia.

En el Consejo Directivo, además de los tres representantes del gobierno hay dos por las universidades públicas de Agronomía y de Veterinaria, y cinco por las organizaciones de productores (CRA, Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y los grupos CREA). Desde temprano se sabía que la negociación allí sería ríspida, porque básicamente los consejeros desconocían el alcance del supuesto "plan de modernización" elaborado por el Ejecutivo, salvo por los trascendidos y las pocas definiciones aportadas por el vocero Adorni en su clásica conferencia de prensa.

(bichosdecampo)