Locales. Multitudinaria participación en la Marcha Federal Universitaria de Tandil

En consonancia con los que sucede este
miércoles en Capital federal y otras grandes ciudades del país, estudiantes, docentes,
graduados de la Unicen y vecinos en general, se movilizaron en defensa de la Ley
de Financiamiento Universitario, luego de que el presidente Javier Milei
anticipara su intención de vetar el proyecto aprobado por el Congreso.

La Ley de Financiamiento Universitario se
aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la
iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, superando de
manera holgada los dos tercios.

La norma establece una recomposición de los
salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y
hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto
del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de
$738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".

El presidente tiene tiempo hasta el 3 de
octubre para definir el veto. Desde las universidades, los gremios y la
Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.

En nuestra ciudad, la marcha fue encabezada
por el Rector de la Unicen, Marcelo Aba, y por el Intendente Miguel Lunghi,
quien adhiere al reclamo universitario.

Documento que fue leído en el acto de
cierre de la Marcha Federal Universitaria:

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, BASE DE LA
DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO SOCIAL, LUCHA POR SU SUPERVIVENCIA

Hace 5 meses convocamos a una manifestación
nacional preocupados por el desfinanciamiento que estaban experimentando el
sistema universitario y científico. En aquella gesta colectiva de abril, con plazas
y calles de todo el país colmadas por la sociedad argentina, alzamos nuestra
voz en defensa de la Universidad Pública, la educación y la ciencia.

Siempre dispuestos a la búsqueda de
soluciones, advertimos en aquel entonces las dificultades que el sistema
atravesaba. Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy. La
reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de
gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias
discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida
del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico
puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de
infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se
actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para
continuar sus estudios.

Como si esto no fuera suficiente,
soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente
desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar
la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera,
vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que
permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos.

Hizo falta que la sociedad se manifestara
conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas
respuestas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque
no quisieron, resolver estructuralmente los problemas.

La situación hoy es más crítica que a
comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de
quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con
un porcentaje enorme de docentes y nodocentes percibiendo un salario por debajo
de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de
los núcleos de la Universidad Pública, pues pone en riesgo la continuidad de
los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su
funcionamiento.

El Gobierno busca desmantelar la paritaria
nacional docente y nodocente - la principal herramienta para resolver las
controversias salariales y las condiciones de trabajo - por tres vías. La
primera, negando la especificidad de los Convenios Colectivos de Trabajo y equiparando
esta paritaria a la de la administración pública nacional. La segunda,
transformándola en una farsa donde el diálogo y la instancia de negociación
desaparecen y sólo existe la imposición, la palabra vacía y la difamación hacia
trabajadoras y trabajadores. La tercera, negándose a resolver el pliego
completo de reivindicaciones: cumplimiento y pago de la garantía salarial,
reposición y pago del FONID, formación y capacitación, cargos genuinos para ad
honorem y contratados, salud y condiciones de trabajo, nomenclador de nivel
preuniversitario y recomposición de los programas socioeducativos.

El reclamo
por recomposición salarial para sostener la universidad pública converge con
las luchas de la clase trabajadora por su salario y condiciones de vida. Todo
ello bajo el impacto del índice de pobreza que creció más del 10 % en los
primeros seis meses del año, con casi el 70 % de niñas y niños pobres, con el
incremento del 13 % de jubiladas y jubilados pobres, con despidos masivos en diferentes
dependencias del Estado nacional vinculadas con el bienestar social y la
soberanía nacional; pero también bajo la frivolidad, el destrato y la crueldad
de este Gobierno.

Defender las condiciones salariales y de trabajo de docentes
y nodocentes en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros
derechos: condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la
responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de
garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible.

La Ciencia es la Universidad, la crisis que
atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se
consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los
docentes- investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas
y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico
argentino. El 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades
nacionales, y la disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación
como a equipos de investigación consolidados.

A esto se suma la paralización de
las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el
ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la
adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso.
La interrupción de convenios con editoriales internacionales ha limitado el
acceso a publicaciones clave, mientras que la falta de nuevas convocatorias y
proyectos ha provocado la paralización de varias líneas de investigación y la
pérdida de profesionales calificados, afectando la calidad educativa. Las universidades
no solo aportan personal altamente especializado, sino que también colaboran en
la resolución de problemáticas sociales y del sector productivo, promoviendo la
innovación a través de patentes, líneas de investigación y formación de futuros
investigadores e investigadoras.

Para toda la comunidad estudiantil, lo que
meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario, hoy es
una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina.
Una realidad cada vez más difícil donde el acceso irrestricto está amenazado
por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente
a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e
hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más
lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso
a la educación, con instituciones desfinanciadas; la excelencia en la formación
está en riesgo.

Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo
que cursan su carrera, cada vez más la deserción obligada por la situación
económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles
NO alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable
intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo
sostienen.

Soñamos un país en el que el futuro no esté
condicionado por el lugar dónde a cada quien le tocó nacer.

La educación es el derecho humano que se
alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad
que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos:
NO QUEREMOS QUE NOS ARREBATEN NUESTROS SUEÑOS, NUESTRO FUTURO NO LES PERTENECE.

Hijos e hijas orgullosos de la Universidad
Argentina; custodios de la Universidad pública, gratuita, de excelencia y sin
restricciones que legaron generaciones de argentinos, la comunidad estudiantil defenderá
la Universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la
educación y el país que la sociedad toda anhela.

El Sr. Presidente de la Nación tiene al
alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al
Estado y a su economía. LOS ESTUDIANTES DE TODA LA ARGENTINA LE PEDIMOS, EN UN
GRITO DE AUXILIO PARA SALVAR AL SISTEMA: ¡PROMULGE LA LEY DE FINANCIAMIENTO
UNIVERSITARIO!

Esta Ley aprobada por el Congreso en un
acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario
previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo
un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo
del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque NO
compromete fiscalmente al Estado, demandando sólo el 0.14% del PBI para su
implementación.

Exigimos también que reconsidere el
proyecto de presupuesto 2025. QUEREMOS ADVERTIRLO CON LA GRAVEDAD QUE EL
PROBLEMA TIENE. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la
situación de las Universidades y el sistema científico será mucho más grave que
la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni
menos que eso.

Nunca antes lo solicitado por el sistema
universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su
tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados -mínimos para funcionar-
fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024 y
menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año.

Un presupuesto es, ante todo, una
declaración de principios. Y los principios que se desprenden de la propuesta
difieren sustancialmente de los que entendemos el país debe priorizar para
resolver sus problemas estructurales.

Es un error no reconocer que en las
Universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a
los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como
un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación,
Universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o
tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad
del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuanto
mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública
y de excelencia, no con menos. Si en un contexto de escasez, cuando deben
ponderarse prioridades, no se privilegian éstas áreas, el desarrollo de la
Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades, será una
utopía.

Por estas razones, en plazas y calles de
todo el país, el pueblo de la Nación le reclama, Sr. Presidente, que no
prospere con el veto a la Ley de Financiamiento. A nuestros representantes en
el Congreso, muchos egresados de la Universidad Pública, que de confirmarse el
veto anunciado por el Gobierno, sostengan en el recinto la Ley e introduzcan
modificaciones al proyecto de presupuesto 2025 para otorgar a la Universidad y
la ciencia las condiciones que garanticen su funcionamiento.

Agradecemos a la sociedad argentina su
extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta.

Somos herederos del pueblo de la Nación que
supo en 1884 abrazar la ley 1420, de los jóvenes que en 1918 construyeron un
sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron
en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que
impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte
determinante para la justicia social. Somos la Universidad de los cinco premios
nobeles, la de jóvenes, investigadores y científicos destacados por los que nos
reconocen en el mundo entero. La universidad pública que hace posible que
miles, no importa su condición ni donde hayan nacido, puedan cumplir el sueño
de ser profesionales. La institución que, con su compromiso y relevancia
social, dice presente cada vez que el país enfrenta circunstancias difíciles.
Somos la ciencia puesta al servicio del desarrollo nacional.

La columna vertebral de la Nación es la
educación pública que iguala y nos hace libres y la Universidad Pública es la
herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al
pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles
vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que
transitan nuestras aulas y laboratorios.

Los deseos, las aspiraciones y las luchas
de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una
responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible.

Sigamos defendiendo a la universidad
pública argentina, SIEMPRE.

Frente Sindical de Universidades Nacionales

Federación Universitaria Argentina (FUA)

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN