El Gobierno está por asestar otro golpe a Cristóbal López. En los próximos diez días, el empresario dueño de los casinos recibirá una comunicación. Allí Vialidad Nacional le notificará que una de sus empresas ya no es más el concesionario de la autopista Ezeiza - Cañuelas, uno de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Empezará entonces una disputa judicial para cobrarle a la compañía vial una tasa que se colecta cada vez que un vehículo para por la barrera pero que el patagónico retuvo y no depositó en cuentas oficiales. Por este concepto, Validad Nacional le reclamará alrededor de 700 millones de pesos a la concesionaria. Además, ya se presentó al menos una causa penal en el fuero federal en la que se detallaron incumplimientos graves.
"Es inminente", contestó una alta fuente del Ministerio de Transporte al ser consultado respecto de la decisión de continuidad o no del zar del juego. La decisión está tomada. López se quedará sin el manejo de la autopista. Será en alrededor de 10 días hábiles, cuando se cumplan ciertos plazos que el trámite administrativo requiere.
En Vialidad, organismo encargado del control de las rutas que tienen peaje, desde hace meses que trabajan para terminar con la relación contractual. Abogados y técnicos, conocedores de la contraparte, saben que el destino de esta decisión será la judicialización del caso. Entonces se cuidaron de que cada paso administrativo esté firma. "Hay que preparar la contingencia", dicen.
Cuando el contrato se interrumpa entrará en escena Corredores Viales S.A., una empresa estatal recientemente creada que tiene dos socios: el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. La polémica que se instaló por la publicación oficial se debe, entre otras cosas, al objeto amplio que tiene la sociedad. En el Gobierno dicen que solamente es un vehículo para mantener a los empleados y manejar la operación hasta que se termine un proceso de llamado a Participación Público Privado en los corredores viales actuales, que, según cálculo del Gobierno, sería a mediados del año que viene.
Según los planes de Vialidad, la autopista Ezeiza - Cañuelas, que también tiene la Autopista Ricchieri desde la General Paz, pasaría a integrar un corredor más amplio con la ruta que va desde Monte hasta Azul. De esa manera tendría el atractivo de tráfico suficiente como para ser atractiva para el sistema de PPP, un esquema que intenta que sean los privados los que pongan el dinero de las obras y que se cobren con el peaje y con una compensación del fondo del gasoil.
El reclamo por los 700 millones de pesos será gran parte del conflicto entre López y Vialidad. El origen del conflicto está en el fondo Recaudación de Afectación Específica (RAE). Se trata de un valor incluido en el precio del peaje. Quien lo cobra debe depositarlo en una cuenta oficial. Es decir, es un mero agente de cobro. El esquema, al menos teórico, es que ese dinero regrese a la concesión en forma de obras en la traza.
Algo similar a este esquema se aplica a los combustibles: por cada litro que se vende, las estaciones de servicio recaudan el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que luego deben depositar a la AFIP. En marzo de 2016, LA NACION reveló que la petrolera Oil, propiedad de Cristóbal López, no ingresó el aporte, por lo cual el organismo recaudador le reclamaba 8000 millones de pesos.
En el Gobierno dicen que Aecsa, que controla el corredor Autopistas al Sur, debe al Estado en carácter de retención del RAE alrededor de 700 millones de pesos. En la compañía reconocen que lo retienen pero dicen que es por el atraso tarifario.
La historia de la concesión se remonta a noviembre de 2013 cuando la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), uno de los mayores grupos de servicios constructores de España, vendió su participación en la explotación de la autopista. López compró la concesionaria a través de una de sus sociedades, Esuvial, perteneciente a CPS, una de las firmas que gestiona el Grupo Indalo. Entonces, la ruta ya tenía una tarifa baja, al punto que la empresa española prefirió salir del negocio pese a recibir un precio muy bajo para el activo: 56 millones de pesos.
En 2015, cuando la nueva gestión se hizo cargo de Vialidad se tomó una decisión. No se aprobó un acuerdo entre la concesionaria de López y el organismo que ya tenía algunos visados del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese contrato establecía una prórroga de 12 años a la explotación de la traza, además de generar, según dicen en Vialidad, una ganancia de 5000 millones de pesos a la concesionaria. La gestión actual no lo aprobó. Y entonces empezó una disputa millonaria que está lejos de terminar.