Las organizaciones nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) llevaron adelante ayer a la tarde en Tandil un corte en la Ruta 226, entre las rotondas de Falucho y Espora, en el marco de la jornada nacional de protesta para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia Social.
El objetivo de la medida de fuerza fue “visibilizar a nuestro sector y a las problemáticas que nos golpean como producto de la política económica del Gobierno nacional”.
Explicaron que la jornada de protesta fue “porque hace tres meses y medio se aprobó por unanimidad en ambas cámaras la Ley de Emergencia Social con apoyo de la Iglesia, la CTA, la CGT, Federación Agraria y algunas cámaras patronales”, pero sin embargo aún es nula su aplicación, cuyo objetivo principal es “generar 400 mil puestos de trabajo con contraprestación efectiva”.
“La reglamentación de la Ley de Emergencia Social y de las Organizaciones de la Economía Popular, como respuesta a los índices publicados por la UCA, es una demostración más de la falta de voluntad política del espacio liderado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para atender las cuestiones de fondo que generan pobreza e injusticia en nuestro pueblo”, cuestionaron los presentes.
El reciente informe da cuenta del recrudecimiento de la realidad social, al exponer que hay en la Argentina casi 14 millones de pobres, 3 millones de indigentes y el 48 por ciento de los chicos entre 0 y 14 años está bajo la línea de pobreza, entre otros datos.
“La realidad exigía una aplicación inmediata de la ley, pero pasados cuatro meses no hay novedad alguna ni se hicieron erogaciones desde el Estado”, criticaron. “Por eso se realizó esta manifestación, para que se apure la implementación de esta ley, cuyo objetivo fundamental es transformar las ayudas sociales en puestos de trabajo para los beneficiaros, mediante cooperativas”.
Marcaron, además, que “la brutal transferencia de recursos a los sectores concentrados y transnacionales de la economía, en detrimento de la porción más vulnerable de nuestra sociedad, no se detiene. Y los programas de trabajo que nuestras organizaciones le arrebataron al Ejecutivo nacional, a través de la lucha durante 2016, se interrumpen o son cercenados, transformándolos en meros programas sociales con el objetivo de apaciguar el descontento y la indignación de nuestro pueblo”.
En cuanto al contexto local, advirtieron que “Tandil es una ciudad que no escapa a esta realidad y desde el propio Municipio se ha reconocido que hay 7 mil personas en situación de vulnerabilidad, con una demanda social creciente”.

El documento nacional

Punto por punto, el documento nacional que redactaron las organizaciones:
“Por la implementación inmediata de la Ley de Emergencia Social, cajoneada hace 3 meses por el Gobierno nacional y la creación inmediata de los 400 mil puestos de trabajo directos que contempla la Ley.
Por un piso mínimo equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (6.300 pesos) para todos los programas de empleo con contraprestación laboral para terminar con la indigencia entre los trabajadores de la economía popular.
Por la entrega inmediata de las herramientas para decenas de miles de trabajadores sin tareas del Programa Argentina Trabaja y el respeto a todos nuestros derechos laborales (obra social, ART, seguro de vida, etc.).
Por la regularización dominial e integración urbana de los 4.085 asentamientos que las organizaciones recorrimos y censamos en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares.
Por la finalización de las 85 mil viviendas sociales sin terminar en toda la Argentina.
Por un millón de lotes con servicios sobre tierras fiscales, créditos para la construcción y autoconstrucción de viviendas para resolver el déficit habitacional de nuestro país. Aprobación de la ley de producción social autogestionaria del hábitat popular.
Por el respeto a los pueblos originarios y comunidades campesinas frente a la ola de desalojos y represión, entrega de certificados de relevamiento indígena y reafirmación de los derechos territoriales consagrados en la Constitución y tratados internacionales.
Por asistencia real al sector de la agricultura familiar en su situación de emergencia climática, la aprobación de la ley de acceso a la tierra (6224-D-2016) y la reglamentación inmediata de la Ley Nacional 27.118 (reparación histórica de agricultura familiar).
Por 250 mil nuevas chacras para los campesinos, horticultores y trabajadores de la tierra sometidos a alquileres extorsivos para garantizar la producción de alimentos sanos y accesibles.
Por un programa nacional de reciclado con inclusión social con respeto a los derechos humanos y laborales de todos los cartoneros, carreros y recicladores. Basta de perseguir a quienes se ven obligados a trabajar en carro por falta de alternativas consensuadas sustentables.
Por la apertura de 1.000 polos textiles para luchar contra el trabajo esclavo en la industria de la indumentaria sin perseguir al trabajador.
Por la apertura de ferias y paseos comerciales cooperativos para todos los trabajadores de la vía pública, manteros y vendedores ambulantes.
Por la expropiación de todas las fábricas y empresas recuperadas de la Argentina y apertura de 3 mil talleres de producción de manufactura intensiva para defender la industria nacional cooperativa.
Por el fin de la violencia institucional en villas, comisarías y penales. Basta de mafias narco-policiales, gatillo fácil, violencia y violaciones a los derechos.
Por la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos. Basta de represión, el espionaje y persecución a organizaciones populares. Por el inmediato sobreseimiento de Lito Borello, Secretario de DDHH de la CTEP. Exigimos también justicia por Darío “Iki” Julián, César Méndez y todos los militantes populares asesinados. Exigimos que se frene el hostigamiento y amenazas a dirigentes sociales cómo las sufridas por Juan Carlos Alderete (CCC).
Por el freno a los desalojos de campesinos e indígenas. Por la defensa de la ley de bosques en cada provincia. Para que se judicialicen las bandas armadas y sean retiradas de todos los territorios campesinos e indígenas.
Por un protocolo de actuación para los conflictos de tierra donde se respete el derecho de posesión y se acaben los ataques violentos. Para que ninguna familia campesina sea obligada a migrar a la periferia de las grandes ciudades. Por el reconocimiento de las directrices de gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques declaradas por Fao.