La concejal Beatriz Fernández y el edil mandato cumplido Carlos Mansilla, ambos del Frente Renovador, salieron a proponer que se subasten 2.500 vehículos secuestrados en operativos de tránsito, dinero con el que piensan financiar campañas de concientización.
En conferencia de prensa, los dirigentes massistas señalaron que la Ley Provincial 14.547, ante infracciones de tránsito, permite que los vehículos secuestrados sean afectados al uso municipal, la subasta pública o la compactación para su venta como chatarra.
Asimismo, la Ley de Transito Nacional Nº 24.449 regula los requisitos mínimos de seguridad que deben tener los vehículos a motor (art. 33º inciso a) para que se permita su libre circulación por las vías públicas (art. 48 inciso w) y no provoquen ruidos molestos.
Paralelamente, Fernández y Mansilla citaron la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, que en el inciso 17 de su artículo 27º dispone la prevención y eliminación de molestias sonoras, así como la vigente Ordenanza Municipal de Tandil Nº 8867 (10/4/2003), que persigue la erradicación de ruidos molestos y vibraciones en el ámbito del Partido de Tandil.
Ante el importante incremento del parque automotor (y con ello el consiguiente incremento de su impacto ambiental) "el Estado Municipal debe estar decidido, capacitado, equipado y respaldado por la ciudadanía", manifestaron sobre "una problemática que, originada en la falta de una cultura comunitaria respetuosa, merece especial atención, tanto en sus aspectos instrumentales como sociales y económicos".
Y recalcaron que "los depósitos municipales se encuentran atiborrados de vehículos secuestrados (son 2.500) por infracciones de tránsito. Desde hace años se acumulan, deterioran y causan gastos y perjuicio ambiental innecesario".
Por eso presentarán un proyecto de ordenanza que apunta a "fortalecer al Estado Municipal en su facultad de secuestrar vehículos que circulen en infracción y especialmente a los que provocan ruidos molestos", y solicitan se "disponga la subasta pública de los 2.500 vehículos secuestrados hace más de 180 días y se cobren las multas y gastos generados".
Del mismo modo, quieren que se destine "la recaudación de las subastas a la prevención de accidentes, la educación vial, el control del tránsito y los Tribunales de Faltas Municipales".
Para ello, el Ejecutivo deberá "designar el funcionario que ejercerá la función de Autoridad de Aplicación conforme lo previsto en el artículo 2º de la ley Provincial Nº 14.457".