Fiscal solicitó 2 años de prisión condicional y 4 de inhabilitación para cargos públicos para Diéguez

Ayer se concretaron los alegatos en el juicio que se le sigue al ex subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Dieguez por la posible comisión de los delitos de “Malversación de caudales públicos agravada en perjuicio de la Municipalidad de Tandil en concurso real de acciones con falsedad ideológica de instrumento público reiterados”, pidiendo el representante del Ministerio Público, doctor Marcos Egusquiza la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación por cuatro años para desempeñar cargos públicos.
En tanto el abogado defensor, doctor Jorge Dames pidió la absolución del funcionario lunghista y en su línea argumental ante el juez Correccional, doctor Carlos Pocorena, expuso que las acciones llevadas a cabo por Diéguez no constituyen un delito penal y el hecho debe considerarse desde el aspecto meramente administrativo, destacando que éste no era el ámbito adecuado para abordarlo sino que debía tratarse en el recinto del Concejo Deliberante.Dejó en claro el reconocido letrado que Diéguez dispuso de ese dinero con un fin de ayuda social, por lo que pidió la absolución de su defendido.
Cabe mencionar que el propio fiscal dijo que no se trataba de un caso de corrupción puesto que el funcionario no utilizó el dinero en beneficio propio, sino que se le endilga la responsabilidad de haber utilizado partidas que estaban destinadas a la ayuda social directa para personas en situación de vulnerabilidad y que en algunos casos se elaboraron informes socioeconómicos para que personas que no encuadraban en dicha situación pudieran acceder a las partidas por haber hecho alguna contraprestación al municipio.
Dames apuntó en su extensa exposición sostuvo que toda la aplicación de los fondos de las partidas de ayuda siempre tuvo por disponibilidad específica, el fin definitivo de promoción y asistencia social y fue llevado a cabo de acuerdo a los criterios que son discrecionales de la administración atendiendo las urgencias y además fue analizando punto a punto la naturaleza jurídica que era un formulario apuntando a que los denominados informe socio ambientales no eran llevados a cabo desde hace varias administraciones en casos de extrema urgencia, incluso hizo alusión a cientos de casos que se dieron en la administración de Oroquieta y su utilizaba el mismo formato para dar respuesta a una necesidad económica inmediata como viajes por enfermedades, dejando en claro que nunca hubo un informe social ortodoxo.
Si bien la norma habla de un contralor interno para mantener el buen orden, la forma en que lo ejecutó dando trabajo a necesitados dando ayuda a necesitados no puede endilgarse como una figura delictiva, porque el área a cargo de Diéguez era la de atender urgencias como una terapia intensiva de la ayuda social o la sala de guardia, porque mensualmente el número de asistencias superaba los mil casos.
Hubo ayudas sociales a terceros, gente con oficios que se multiplicaba, un herrero, un albañil, que trabajaban para carenciados en todos los casos. En otros casos de urgencia funerarias o para ortopedias.
Fue muy técnico el planteo de Demas con casi de dos horas de exposición manteniendo la atención puntual a cada tema planteado, muy detallista para abordar las causas volcadas a un expediente de más de 3.000 fojas.
VEREDICTO
Tal es la magnitud de la causa que el Juez en lo Correccional, Carlos Pocorena pidió a las partes extender el plazo legal con una solicitud de prórroga para poder abocarse al expediente y dar a conocer el veredicto el viernes 15 de Julio a las 11, en lugar de tomarse los cinco días estipulados por la norma.