Comenzó el juicio oral y público contra Rubén Dieguez

Ayer se puso en marcha el juicio oral y público contra el ex funcionario lunghista y ambas partes acordaron incorporar los testimonios por escrito, con el ánimo del oficialismo que sea utilizado de manera política.
En la víspera declararon ante el Juez Correccional, doctor Carlos Pocorena cuatro testigos, luego fueron leídas las seis declaraciones que formuló durante la instrucción de la causa que llevó adelante el fiscal, doctor Marcos Egusquiza y finalmente pidió declarar Diéguez, quien reiteró su argumentación basada desde el punto de vista político.
La audiencia fue tranquila se desarrolló muy bien como se acordó por lectura la totalidad de la prueba que se recogió en la causa que durante estos años fue produciendo la fiscalía pruebas y la parte acusada.
A raíz de que se iban a presentar un número de testigos del orden de cien personas y por otro lado que el Juzgado Correccional tiene una sala de audiencias muy pequeña, se tuvo que pedir la sala de audiencias del TOC Nº1 y había sido cedida para los días 4, 5 y 8 de julio, aunque el feriado sorpresivo impedía su utilización el viernes, se acordó pedir la suspensión y solicitar una nueva fecha, aunque el juez Pocorena no podía porque tiene toda la agenda completa hasta principios de 2018.
La discrepancia es jurídica, ya que no hay la más minima sospecha que Dieguez haya tocado un solo peso. La discusción radica sobre el encuadramiento legal de la figura de malversación de la partida de ayuda social directa en haberla aplicado mal, comprando materiales para un pobre o haciendo una obra.
Para el fiscal la conducta del ex funcionario se encuadra en un hecho delictivo, mientras que para la defensa todas eran cuestiones para las que estaba facultado y se venían haciendo desde siempre, por lo que la cuestión pasa por una cuestión de interpretación de los alcances de administrar la ayuda social directa, que deberá dirimir Pocorena ante las argumentaciones esgrimidas por el agente fiscal y la defensa del acusado que lleva adelante el doctor Jorge Dames.
En la causa en el período que se investiga la actuación del funcionario entre 2007 y 2011 se brindaron unas 62 mil ayudas sociales, que están informadas en el voluminoso expediente.
Ayer, antes de que fueran leídas las declaraciones de Diéguez y que el propio ex funcionario prestara declaración ante el Magistrado, brindaron su testimonio el tallerista Celentano, el vecino Arrebengoa, Josefina Pagliaro de Quaranta y el albañil Barragán.
Celentano expuso que es proveedor municipal y que había un caso de un remisero que tenía dificultades para afrontar el pago del caño de escape del auto, y debía hacer la VTV para poder seguir con su labor. Recibió una ayuda directa del municipio de 200 pesos y con eso abonó el arreglo en el taller.
Finalmente prestó declaración Rubén Diéguez, quien hizo una exhaustiva exposición, se prestó a todas las preguntas, tanto de la defensa como del representante del Ministerio Público, informando de toda su actuación en cada uno los casos, indicando como había obrado en cada caso.
La audiencia se extendió hasta cerca de las 16 y hoy a las 9 se procederá a conocer los alegatos de la defensa y el fiscal, mientras que dentro de cinco días se conocerá el veredicto del Magistrado.




Dieguez está acusado por su presunta responsabilidad en decenas de casos en donde varios vecinos recibieron una supuesta ayuda social, a través de un mecanismo que eludió los pasos burocráticos formales que obliga la Ley Orgánica de las Municipalidades, como el propio Tribunal de Cuentas. 
El acusado se defendió públicamente explicando que en la gestión “se debe resolver en la urgencia” y subrayó que “más en el área social, donde la gente necesita respuestas inmediatas”. Sin embargo, para el fiscal, hay irregularidades concretas debido a que se utilizaron fondos destinados a la ayuda de indigentes y sectores humildes, para cubrir el pago de proveedores del Municipio. 
El Ministerio Público remarcó que se trataría de un modus operandi naturalizado en la esfera de esa área comunal.
Para Eguzquiza, Diéguez “con el fin premeditado de eludir el trámite reglamentario establecido (por la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley de Contabilidad y complementarias), para la contratación de servicios y compras de artículos requeridos usualmente por la actividad propia de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo menos desde el año 2007 hasta el 2011, en reiteradas oportunidades dio a los fondos de la partida denominada Ayuda Social Directa un destino distinto al específico para el que dichos efectos se hallaban destinados -esto es brindar apoyo económico de emergencia a indigentes, grupos más vulnerables o en situación de riesgo social-, aplicándolos a los efectos de pagar a particulares el precio contractual por la provisión de materiales o cosas, el pago de horas extras y/o servicios determinados”.
La acusación expresa que se implementaba en forma sistemática la realización de falsas solicitudes de ayudas sociales argumentando razón de indigencia en favor de los terceros que contrataban con la dependencia municipal, las que se documentaban con la suscripción por parte de los proveedores de formularios, preparados según el reglamento interno de la Secretaría y se autorizaban con la firma de Diéguez, quien fingía como trabajador social que certificaba la supuesta indigencia del solicitante.
En esos documentos, de carácter público, se consignaban una serie de datos falsos, como informes socioeconómicos, vulnerabilidad social o varios hijos a cargo, para argumentar la salida de los fondos.
Una vez concretados los pedidos de ayuda, las mismos eran remitidos para su aprobación y el pago por ventanilla de las sumas de dinero correspondientes a través de la Secretaría de Economía municipal, consistiendo estas sumas de dinero en la contraprestación por servicios de diferentes tipos, tales como trabajos de locación de obras determinadas y horas extras y jornadas laborales de personal temporario municipal, como así también provisión de materiales y artefactos varios, aunque se hacían documentar como beneficios sociales afectados a la partida presupuestaria en favor del contratante.
Otro párrafo de la imputación describe que “la desviación de las partidas asignadas y la multiplicidad de maniobras cometidas y el alto monto dinerario afectado provocó indefectiblemente un substancial perjuicio a la población que se encontraba realmente en situación de vulnerabilidad en la ciudad, quienes a raíz de la aplicación diferente que se les dio a los recursos, no pudieron algunos de ellos recibir la ayuda social directa y vieron sus necesidades básicas insatisfechas”.