Comienza hoy el juicio oral y público contra funcionario lunghista por desvío de fondos públicos

El juicio oral y público fue solicitado por el fiscal de la causa, el Dr. Marcos Eguzquiza y luego que la defensa del funcionario municipal, encabezada por el abogado Jorge Dames, no apelara la elevación, el juez Pocorena estableció la fecha de inicio del proceso para este 4 de julio.
Dieguez es uno de los funcionarios más añejos dentro de la gestión del Intendente Miguel Lunghi, y siempre ha ocupado un puesto relevante en el área de Desarrollo Social, primero como segundo de Julio Elichiribehety y luego, secundando a Oscar Teruggi.
Sin embargo, a partir de la investigación de Eguzquiza, más allá de la defensa que el propio Intendente encarnó sobre su colaborador, asegurando que aquello de lo que se le acusa a Dieguez, “no es por llevarse un peso al bolsillo”, el rol del apuntado funcionario se ha visto desplazada a un cuidado segundo plano.
Dieguez está acusado por su presunta responsabilidad en decenas de casos en donde varios vecinos recibieron una supuesta ayuda social, a través de un mecanismo que eludió los pasos burocráticos formales que obliga la Ley Orgánica de las Municipalidades, como el propio Tribunal de Cuentas.
El acusado se defendió públicamente explicando que en la gestión “se debe resolver en la urgencia” y subrayó que “más en el área social, donde la gente necesita respuestas inmediatas”. Sin embargo, para el fiscal, hay irregularidades concretas debido a que se utilizaron fondos destinados a la ayuda de indigentes y sectores humildes, para cubrir el pago de proveedores del Municipio.
El Ministerio Público remarcó que se trataría de un modus operandi naturalizado en la esfera de esa área comunal.
Para Eguzquiza, Diéguez “con el fin premeditado de eludir el trámite reglamentario establecido (por la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley de Contabilidad y complementarias), para la contratación de servicios y compras de artículos requeridos usualmente por la actividad propia de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo menos desde el año 2007 hasta el 2011, en reiteradas oportunidades dio a los fondos de la partida denominada Ayuda Social Directa un destino distinto al específico para el que dichos efectos se hallaban destinados -esto es brindar apoyo económico de emergencia a indigentes, grupos más vulnerables o en situación de riesgo social-, aplicándolos a los efectos de pagar a particulares el precio contractual por la provisión de materiales o cosas, el pago de horas extras y/o servicios determinados”.
La acusación expresa que se implementaba en forma sistemática la realización de falsas solicitudes de ayudas sociales argumentando razón de indigencia en favor de los terceros que contrataban con la dependencia municipal, las que se documentaban con la suscripción por parte de los proveedores de formularios, preparados según el reglamento interno de la Secretaría y se autorizaban con la firma de Diéguez, quien fingía como trabajador social que certificaba la supuesta indigencia del solicitante.
En esos documentos, de carácter público, se consignaban una serie de datos falsos, como informes socioeconómicos, vulnerabilidad social o varios hijos a cargo, para argumentar la salida de los fondos.
Una vez concretados los pedidos de ayuda, las mismos eran remitidos para su aprobación y el pago por ventanilla de las sumas de dinero correspondientes a través de la Secretaría de Economía municipal, consistiendo estas sumas de dinero en la contraprestación por servicios de diferentes tipos, tales como trabajos de locación de obras determinadas y horas extras y jornadas laborales de personal temporario municipal, como así también provisión de materiales y artefactos varios, aunque se hacían documentar como beneficios sociales afectados a la partida presupuestaria en favor del contratante.
Otro párrafo de la imputación describe que “la desviación de las partidas asignadas y la multiplicidad de maniobras cometidas y el alto monto dinerario afectado provocó indefectiblemente un substancial perjuicio a la población que se encontraba realmente en situación de vulnerabilidad en la ciudad, quienes a raíz de la aplicación diferente que se les dio a los recursos, no pudieron algunos de ellos recibir la ayuda social directa y vieron sus necesidades básicas insatisfechas”.