26/08/2012

Locales

Reunión de concejales y funcionarios de Anses por la toma

Tras brindar una conferencia de prensa para dar a conocer los problemas originados por la toma del edificio por parte de militantes de la Corriente Clasista y Combativa, funcionarios de Anses se reunieron con concejales del FpV para brindarles detalles de la situación.

Los funcionarios mostraron el petitorio entregado por los responsables de la toma para demostrar que nada de lo que solicitó Jorge “Mono” Lezica es injerencia del ente previsional y que por este mismo motivo se entiende que la usurpación es un “acto político” que tiene intenciones de dañar más que de obtener un beneficio concreto.

Rogelio Iparraguirre, titular de la UDAI, confirmó que se había tomado contacto con la conducción nacional de la CCC, una organización que tiene referentes a lo largo de todo el país y una historia que se remonta a las grandes crisis de desempleo, y que desde la conducción habían negado todo aval a la toma de Anses Tandil.

Habrían calificado a Lezica como un díscolo que al igual que otro referente de la provincia de Santa Fe hacen sus propios acuerdos con los intendentes locales más allá de lo que defina la conducción de la Corriente.  Esta información –sumada al confirmado aporte de mercadería que brinda el Municipio a la toma- habría terminado de ratificar la conexión entre el gobierno del intendente Miguel Lunghi y Lezica.

Los funcionarios de Anses repudiaron el uso político que se hace de una situación que pone en riesgo la tramitación de jubilaciones y pensiones pero también la administración normal de las libretas de la Asignación Universal por Hijo que reciben cientos de menores de la ciudad, hijos de personas desocupadas o con trabajo informal.

Los ediles tomaron nota de la información y pusieron a disposición las herramientas legislativas para solicitar que se intervenga para poner fin a la toma.  Por otro lado, manifestaron su preocupación por los menores que son sumados por los dirigentes piqueteros a la toma del edificio, por su asistencia a la escuela y a los lugares de recreación o contención cotidianos.

Finalmente, repudiaron el uso político de la ocupación de un edificio público del que dependen miles de tandilenses y vecinos de la región para resolver sus trámites jubilatorios. 

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