González Warcalde en la mira del gobierno

BUENOS AIRES.- En medio del proceso de reemplazo del ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi, denunciado por el vicepresidente Amado Boudou por presunto tráfico de influencias, el Gobierno salió ayer a embestir al procurador sustituto, Luis González Warcalde, acusándolo de tomar una medida "irracional" para "perjudicar" a su antecesor, y lo exhortó a no dirimir "problemas personales" en la Justicia.

El reproche estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien consideró es "irracional" la decisión de González Warcalde de nombrar fiscales ayudantes para investigar a Righi.

"La entidad de la causa no se sabe, no se sabe si hay delito o no. Creo que el subprocurador está amplificando la causa para perjudicar al ex procurador", opinó Alak.

"Si el procurador tiene problemas personales con el ex procurador, que no use la administración de la Justicia para resolverlos, y no haga este movimiento irracional, poniendo a fiscales de Cámara a investigar en primera instancia", agregó el ministro, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

El ministro agregó que lo resuelto por González Warcalde "es una medida destinada a los diarios; no tiene ningún efecto práctico y hasta podría pedirse la nulidad por parte de la defensa, pero aún no hay defensa porque no hay causa, porque la denuncia aún no fue ratificada".

Se trata de la causa en la que Boudou denunció que en junio de 2010, cuando estaba al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Ana García, la mujer de Righi, y María José Labat, la esposa del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, le ofrecieron sus servicios de lobby ante jueces y fiscales federales, a través del estudio fundado por el ex procurador.

González Warcalde le encomendó al fiscal de la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, que él y los fiscales adjuntos Graciela Sterchele, Eugenia Anzorreguy y Carlos Enrique Racedo colaboren con el fiscal de primera instancia Jorge Di Lello en la causa en la que investiga a Righi y su estudio de abogados.

El procurador transitorio, que reemplazó a Righi cuando renunció tras las acusaciones de Boudou, tomó esa decisión porque entendió que el caso "constituye una situación de gravedad institucional que esta Procuración General no puede soslayar" y porque Di Lello le habría pedido colaboración, según expuso en su resolución.

Pero el fiscal federal negó que haya sido así y explicó que González Warcalde le expuso esa propuesta.

"Habitualmente, en una causa, se nombra coadyuvante cuando el fiscal titular del caso lo pide; y cuando se hace, se designan fiscales de la misma jerarquía. El subprocurador puso cuatro fiscales de Cámara, que tampoco motorizaron el pedido; y en este caso, la subprocuración puso fiscales coaduydantes imponiéndoselos al fiscal natural", describió.

Para Alak, la decisión del procurador subrogante "de algún modo está afectando la autonomía del fiscal que investiga", ya que Di Lello "salió a decir que no había pedido nada, y es un fiscal serio, que solo pide colaboración en casos de temas técnicos".

"No es prudente ni aconsejable poner fiscales de Cámara a investigar en primera instancia, no parece razonable. Se hace tomar partido a los fiscales de Cámara en la investigación, cuando luego deben controlar las resoluciones de la misma investigación que hicieron", señaló.

También aclaró que la causa todavía no llegó a la esfera de la Fiscalía pues Boudou no ratificó la denuncia, por lo que "la entidad de la causa no se sabe, no se sabe si hay delito o no".

Además, Alak calificó de "mentira absoluta" que el Gobierno haya ordenado la creación del equipo de fiscales para investigar a Righi.

"El Gobierno no puede ordenar esas cosas porque por el artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público es autónomo", explicó.

Ese artículo dice que "el Ministerio Público es una organización independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República".

El Ministerio Público, añade, "está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca", y destaca que "sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones".