El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) dispuso que el próximo miércoles 28
de diciembre se dictará la sentencia en el juicio que se le sigue a la
dirigente social Milagro Sala por la causa que le inició como presunta
instigadora de amenazas en el año 2009 al entonces senador nacional y ahora
gobernador Gerardo Morales, a raíz de un "escrache".
En una maratónica audiencia el TOF escuchó a los últimos tres testigos de
un total de 25 citados a declarar en las cuatro jornadas de debate que
tuvieron lugar en la capital jujeña; dicha etapa se extendió hasta las 18
de ayer y luego de un cuarto intermedio los abogados querellantes,
posteriormente los fiscales y finalmente los defensores realizaron su
exposición de alegatos, los cuales culminaron a las 2 de la madrugada de
hoy.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Jujuy solicitaron la
pena de tres años prisión para la dirigente social encarcelada por
considerarla instigadora del escrache a Morales, en tanto que los abogados
querellantes solicitaron la pena de 8 años para los tres acusados en esta
causa.
Los representantes legales del actual gobernador, Gerardo Morales, Eduardo
Vergara y Daniel Vivas, fueron los primeros en alegar solicitando la pena
de 8 años de prisión para la dirigente social, Milagro Sala, al igual que
para los cooperativistas Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra.
Durante su exposición sostuvieron que la agresión al entonces senador
nacional, “quedó plenamente acreditada la existencia del hecho como también
la participación de los imputados”.
En el caso de Milagro Sala, indicaron que fue “instigadora” para que se
lleven a cabo los hechos, en tanto que los cooperativistas Graciela López y
Ramón Salvatierra, presentes en el momento del "escrache", fueron apuntados
como “coautores” de daños agravados.
Para la querella la agresión perseguía dos objetivos: “El primero intentar
impedir que se realice la conferencia sobre el control de fondos públicos
sobre las organizaciones sociales”, porque “no querían que se conocieran
los resultados”, y el segundo “generar miedo en los disertantes”, el actual
gobernador, Gerardo Morales y el ex Auditor General de la Nación, Leandro
Despouy.
En la misma línea los fiscales federales Domingo Batule y Federico Zurueta,
argumentaron que el hecho sucedido en la tarde del 16 de octubre de 2009 en
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, “no fue un hecho aislado,
sino que fue un ataque claramente premeditado y organizado”.
En ese marco solicitaron que se condene a la diputada electa del Parlasur,
Milagro Sala, a la pena de 3 años de prisión “de ejecución condicional”,
por ser considerada “instigadora” de los hechos investigados, en tanto que
pidieron para Graciela López la pena de 3 años de prisión y para Ramón
Salvatierra dos años de cárcel, estos últimos apuntados como responsables
de "daños agravados y amenazas coactivas".
Por su parte la abogada defensora de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta,
luego de realizar un minucioso análisis de las pruebas, del tiempo
transcurrido y los contratiempos del expediente, requirió al Tribunal que
se declare “prescriptas las acciones penales de los delitos de amenazas y
daños”, y en consecuencia se dicte “su sobreseimiento”.
Asimismo argumentó que la dirigente social se encuentra “vulnerada en su
derecho de ser juzgada en un plazo razonable”, teniendo en cuenta los años
que se tardó para llevar adelante el debate público, al tiempo que solicitó
de manera subsidaria que se la “absuelva” en virtud de que las conductas
imputadas a los autores materiales de los hechos resultan “atípicas”.
Pidió también de forma subsidiaria que se absuelva a Sala por “la ausencia
de pruebas que acredite su participación en los hechos”, a lo que agregó
que se la absuelva de los hechos que se le endilgan a título de
instigadora.
“Esperamos que se haga justicia y no lo digo como una mera formula, sino
con la esperanza de quienes sabemos que tenemos la fuerza de la verdad”,
finalizó
En el mismo sentido los asesores legales de Graciela López y Ramón
Salvatierra, solicitaron que se dicte su sobreseimiento en relación a las
supuestas amenazas proferidas a Morales, a la vez que explicaron que
corresponde la prescripción de la causa por el tiempo que pasó en relación
al hecho denunciado.
Finalmente sobre la acusación de los daños por la rotura de vidrios y otros
desmanes, argumentaron que ningún testigo aseveró que López ni Salvatierra
hayan roto ninguno de los bienes materiales que se encontraba en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.
Antes del inicio del debate en la tarde de ayer, un grupo de dirigentes,
entre ellos diputados nacionales del FpV, e integrantes de colectivos de
Derechos Humanos que pugnaban por entrar al debate, mantuvieron un
enfrentamiento con la policía provincial en las inmediaciones del Juzgado
Federal de Jujuy.
Los incidentes tuvieron como saldo la detención de Martín Alberti
Rodríguez, concejal del FpV y presidente del Consejo Deliberante de
Hurlingham, horas después liberado, además de tres policías jujeños
heridos, a la vez que fue agredida la diputada nacional Mayra Mendoza.