Según datos oficiales que reveló este lunes el diario The Independent, en los tres primeros meses de 2017 hubo un 26% más de expulsiones forzadas de ciudadanos de la UE que en el mismo período del año pasado.
Casi 5.000 ciudadanos de la Unión Europea (UE) fueron expulsados del Reino Unido en los últimos 12 meses, una cifra récord que supone un aumento del 14% en un año, pese a las promesas del gobierno de proteger los derechos de los comunitarios después del triunfo del Brexit en el referéndum de 2016.
La legislación de la UE, establece que los ciudadanos europeos tienen derecho a permanecer en el Reino Unido a menos que abusen de sus derechos; por ejemplo, si han sido condenados por fraude o han celebrado un matrimonio de conveniencia para permanecer en el país.
La ley deja en claro que es ilegal que los Estados miembros expulsen a los ciudadanos de la UE "excepto por motivos graves de orden público o de seguridad pública". Sin embargo, el gobierno de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha echado mano a procedimientos no tradicionales para justificar deportaciones, como una polémica directiva introducida por la propia May en 2016 que establece que un ciudadano europeo abusa de sus derechos si duerme en la calle.