Desde ayer, con el inicio del juicio, los enfoques son bien distintos, y la Justicia de Azul busca dilucidar lo sucedido entre María Cristina Santillán y su esposo Ricardo Orlando Hernández, en las primeras horas del 16 de septiembre de 2014, en esa casa de dos plantas de Villa Piazza Centro, donde convivían.
Ambas posturas ya se conocieron en la primera jornada del debate oral, donde un jurado popular integrado por 12 ciudadanos -entre ellos tandilenses-, tienen que decidir si declaran culpable o no culpable a la enfermera de 59 años, procesada por el homicidio agravado por el vínculo de su marido.
Cuando ayer alrededor de las 15.30 comenzó el juicio -luego de que meses atrás había sido postergado en dos ocasiones por diferentes motivos-, la primera en dar a conocer su lineamiento al jurado popular fue la fiscal Laura Margaretic.
La titular de la UFI 2 también instruyó la causa penal relacionada con este hecho. Y desde su enfoque, según les explicó a los integrantes del jurado, su intención es probar que Santillán “le asestó por lo menos tres golpes con un hacha” a su marido aquel ya referido 16 de septiembre de 2014 en que todo esto pasó. También, que aquella noche la enfermera llevó a cabo “un ataque premeditado”, el cual consumó cuando su marido se había ido a dormir.
A criterio de la representante del Ministerio Público Fiscal, esa agresión que María Cristina Santillán realizara tenía como finalidad evitar que su esposo se fuera, luego de que le había pedido el divorcio.
Pero Hernández -según contarían después tres de los médicos que lo atendieron- no murió ese mismo día en que fue agredido. Pasaron más de ocho meses hasta que su deceso se produjo cuando tenía 61 años y estaba en un geriátrico de esta ciudad, el 30 de mayo de 2015.
Esa situación se tradujo en un cambio de carátula del expediente penal que llevaba adelante la fiscal Margaretic, situación que ahora la tiene a Santillán imputada de una calificación que en caso de ser avalada por ese jurado popular implicará que la condenen a prisión perpetua.
La enfermera llegó a estar presa en la Unidad 52, después de que esa misma madrugada en que el hecho se produjo fue aprehendida por personal policial convocado a esa casa que -meses más tarde, con el deceso de Hernández- se convertiría en la escena de un crimen.
La misma jueza que ahora interviene en este debate con jurados, Alejandra Raverta -presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 2-, fue quien dio lugar a un pedido del anterior abogado de la enfermera, Germán Senn.
De esa manera, le otorgó a Santillán una morigeración a esa prisión preventiva que le fuera impuesta por el hecho, lo que le permite actualmente seguir cumpliendo prisión domiciliaria en esa misma casa donde agredió con un hacha a su esposo.
Desde un principio, según médicos declararon ayer en el proceso, el estado de Hernández fue gravísimo. Según la Fiscal, “quedó absolutamente postrado a raíz de una complicación de ese estado vegetativo en el que estaba”. Y en mayo de 2015, un cuadro de infección generalizado, entre otras anomalías, se tradujo en su deceso.

El otro enfoque

Según fue definida ayer por el defensor General departamental Diego Fernández, “la foto” que la fiscal hizo del caso no es la misma para ese equipo de abogados que el funcionario judicial encabeza.
En marzo pasado, y quedó después incluido en una de las estipulaciones probatorias incorporadas ahora a este juicio con jurados, el propio Fernández ya le había dejado en claro a la jueza Raverta que él y los demás abogados de Santillán -los defensores oficiales Mariana Mocciaro y el tandilense Diego Araujo- tenían un enfoque bien distinto con relación a eso que pasó aquella noche en que la enfermera agredió a golpes con un hacha a su marido.
Esa nueva teoría plasmada por la Defensa incluye que Santillán convivió desde el inicio de su matrimonio en un contexto de extrema violencia de género. Y que los golpes con el hacha que le aplicó en la cabeza a su esposo fueran realizados en un marco donde la acusada se defendió de ese cuadro de violencia -desde “sexual” hasta “psicológica”; y también “física” y “económica”– que venía sufriendo desde hacía unas cuatro décadas.
De eso el Defensor General quiere convencer al jurado, para que al momento de decidir declaren “no culpable” a Santillán y sea absuelta.
Pero no sólo se agotó en ese enunciado la descripción formulada en formato de lineamiento desde la Defensa Oficial de la mujer de 59 años que está presa en su casa.
Hay otro detalle que no es menor en toda esta situación y tiene que ver con las causas de la muerte de Hernández. Para la Defensa, no hay relación entre la agresión y el deceso, ocurrido ocho meses después.
Es más, sostienen que su muerte obedeció a un cuadro de infección generalizado que no tuvo relación directa con la agresión que sufriera.
Por eso, el Defensor General le pidió al jurado que no tenga una “versión simplificada de los hechos” y que al momento de emitir el veredicto -después de las pruebas incorporadas al proceso y los testimonios que desde ayer empezaron a escucharse en el debate- pueda hacer una análisis “integral y completo del caso”.
“Es necesario que el caso sea abordado desde la perspectiva de la violencia de género”, le dijo también al jurado uno de los defensores de María Cristina Santillán.
Fernández -además- les recordó a los ciudadanos que condenar a prisión perpetua a la enfermera, dado que tiene 59 años, sería como “condenarla a muerte” (fuente Diario El Tiempo).