22 noviembre, 2017

Desde bar céntrico afirman que debieron cerrar bajo “amenaza” de Inspección General

Barajan razones "políticas" y que el municipio mide con "distinta vara"

Las actas labradas por los responsables del control municipal.

El mercado de la cervecería artesanal y la nocturnidad en Tandil, con dueños de locales vinculados al intendente Miguel Lunghi, abrió una controversia entre los propietarios de Yrigoyen Coctail Bar, sito en Yrigoyen 617, y las autoridades de Inspección General.
Los titulares del comercio dan a entender una persecución comunal al sostener que cumplieron con todas las exigencias de la ley y, pese a todos los esfuerzos, el Ejecutivo amenazó con una “clausura”, por lo que decidieron no reabrir.
Se trata de un negocio que inauguró en Marzo y logró una interesante asistencia de público, lo que podría haber incomodado a competidores directos.
El bar sacó un comunicado donde piden disculpas a los clientes ya que “al día de la fecha se encuentran realizadas todas las modificaciones estructurales necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del establecimiento. Todo con el compromiso, firma y responsabilidad de los matriculados de cada área técnica. Ademas debidamente inspeccionado y constatado por bomberos”.
Añadieron desde Yrigoyen Cotacil Bar que “para poder presentar el documento final de dichas obras, informes y requerimientos se deben visar firmas y sellados que involucran a colegios de profesionales y empresas privadas. Todos los ciudadanos somos conscientes de las demoras burocráticas que acarrea cada uno de estos trámites”.
El bar esta funcionando desde el 15 de Marzo, y “desde esa fecha el nivel de concurrencia fue óptimo para el funcionamiento comercial. Lo cual nos permitió poder contratar personal, reinvertir en obras y servicios para nuestros clientes, y poder llevarnos un sustento para nuestras familias”, aseguraron.
Y subrayaron que “en estos meses desde la apertura los concurrentes han sido testigo de las constantes y correctas inspecciones. En todas ellas se notifica el correcto funcionamiento del establecimiento según las ordenanzas vigentes. Se verifica que no haya sonidos molestos para los vecinos. Hemos pasado todos los exámenes”.
En ese marco se vieron obligados a cerrar desde hace casi 15 días, “bajo la amenaza de clausura por parte de los directores de Inspección General. Hoy sentimos que por prejuicios hacia nuestro público o por cuestiones personales o políticas o bien por cosas que desconocemos, se mide con distinta vara a la actividad gastronómica y se toman decisiones que ponen en riesgo nuestras fuentes laborales. Comprometiendo así los ingresos de 8 familias”, dispararon.
Acusaron una “decisión justificada en vericuetos burocráticos” como causa de las puertas hoy cerradas.

LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO

Tras la publicación de la postura del bar, el Ejecutivo municipal emitió un comunicado en el que “se detalla la situación del local Yrigoyen Cocktail Bar y porqué se sugirió a sus propietarios no continuar funcionando hasta tanto no se regularicen los trámites necesarios”.
“Desde la Dirección General de Inspección y Habilitaciones explicaron que “el local comenzó a funcionar en el mes de marzo, con el trámite de habilitación en proceso. En todo ese tiempo no se terminaron los pasos necesarios, no se presentaron los informes de seguridad e higiene y el informe técnico de bomberos. Al día de hoy el emprendimiento solo cuenta con un acta de constatación de habitabilidad, que no es el informe final necesario para poder habilitar”, explicaron.
Más tarde resaltaron que “si bien cuando comenzó a funcionar tenía el final de obra, otro requisito necesario para completar la habilitación, en el local se realizaron modificaciones de las conexiones de gas, que a la fecha no tienen informe de la empresa Camuzzi Gas Pampeana, que exige bomberos para su informe final”.
Además indicó el Gobierno que “en varias ocasiones se recibieron denuncias de vecinos de la cuadra por ruidos molestos, que recientemente presentaron una nota con una queja formal por ruidos molestos. Por lo que se exigió un informe técnico de sonoridad, que aún no fue presentado”.
“Ante todo esto, desde la Dirección General de Inspección y Habilitaciones se sugirió a los responsables no abrir el lugar hasta tanto no se normalice la situación, para evitar una clausura y correspondiente infracción, que derivaría en el pago de multas”, indicaron.
Por último manifestaron que “si bien entienden que del funcionamiento del comercio dependen los ingresos de varias familias, el área tiene la obligación de controlar el cumplimiento de estas normas, para garantizar la seguridad de quienes asisten y trabajan en el lugar y el bienestar de los vecinos de la zona”.

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