El ministro de Transporte expresó que las rutas, además de la 226, que formarían parte de un programa de 100 mil millones en obra pública seguirán con peajes razonables. Además se le abre la puerta a las empresas para asociarse con el estado.


El monto de los contratos es impactante: $ 100.000 millones. Pero, además, abre una puerta a una nueva manera de hacer obra pública, en la que el Estado se asocia a privados. Son licitaciones que se pondrán en marcha el mes próximo, y que prometen transformar en autopistas tramos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, entre otras.
El sistema se llama APP, Asociación Pública Privada. Es el régimen que está creciendo en los países en desarrollo a pasos acelerado. Y aquí el Gobierno lo quiere poner en marcha como una forma de seguir impulsando la obra pública sin que el permanente crecimiento de la deuda pública encienda luces amarillas en el sistema financiero internacional. Usarán parte de los impuestos a los combustibles y, en algunos casos, peajes, para repagar la construcción.
Los corredores a licitar, hasta ahora, son 9. En el corredor A está la ruta 3 hasta Coronel Dorrego y la 226 entre Mar del Plata y Olavarría. En el B, la ruta 5 de Luján a Santa Rosa. En el C, la 7, en distintos tramos desde, también. Luján, hasta Luján de Cuyo. En el D, la 8 de Pilar a Villa Mercedes. En el E, la 9, entre Campana y Rosario. Otros tramos de la 9 está en el F, junto a parte de la 33 y. En el G está la 12 de Corrientes a Iguazú. En el H, la 9 de Santiago del Estero a Tucumán y Salta. En cada corredor hay otras rutas menores. Y podrían agregarse otros en los próximos días, en la medida que el Gobierno consiga nuevas fuentes de financiación.
Esas rutas, en general, ya tienen peajes. Y se seguirá pagando, con “valores razonables”, dice Dietrich. Esos recursos se usarán para el mantenimiento. Pero en el caso de los tramos de mucho tráfico, que podrían generar excedentes, se usaría parte del dinero del peaje también para repagar las obras.
Este mes, en una gira que terminó hace una semana, funcionarios de Transporte estuvieron promocionando esta licitación en España, Francia e Italia: buscan potenciales interesados. Es que hace falta espalda financiera fuerte para encarar ese negocio: en Transporte suponen que cada grupo podría tener que financiar hasta US$ 300 millones antes de empezar a cobrar, ya que el repago empieza con las obras terminadas.
En el data room que arrancará en agosto se discutirán los pliegos de la licitación: el Estado presentará un texto y espera que los privados aporten ideas para incorporar. Así quieren evitar que queden fuera de la licitación empresas por no cumplir con algún requisito que se pueda modificar. La licitación en sí sería en octubre. Todo, claro, en tiempos de elecciones. ¿Pura casualidad?
Según fuentes privadas, las complejidades de la APP pueden hacer que demore en su arranque. Ya hubo una primera frustración: una empresa mexicana se fue dando un portazo después de que no le contestaran su propuesta de hacer cárceles con este régimen por US$ 1.000 millones. Ahora el Gobierno pretende que las petroleras financien con este sistema el tren de Bahía Blanca a Vaca Muerta. Hay tironeos. Pero el proyecto más avanzado es el de las rutas, coinciden funcionarios y privados. Allí están puestas las fichas.
Fuente y foto Clarín