24 noviembre, 2017

“La orden de arresto británica contra Assange es desproporcionada”

En Suecia se cerró la investigación contra Julian Assange. El abogado penalista Nikolaos Gazeas habla sobre la actitud de la Justicia y las implicaciones del caso para la libertad de prensa.DW: Con el cierre de la investigación contra Assange queda también sin efecto la orden internacional de captura dictada a pedido de Suecia. No obstante, la policía británica ha anunciado que lo detendrá si deja la embajada ecuatoriana en Londres. ¿Con qué fundamento?
Nikolaos Gazeas: La justificación, hasta el momento, es que existe una orden de arresto británica contra el Sr. Assange. Se basa en la acusación de que Assange incumplió el 29 de junio de 2012 una orden del tribunal de presentarse a la policía, en el marco de la libertad bajo fianza. Eso constituye un delito punible en Gran Bretaña.
Considero que la orden de arresto por esa violación del derecho británico es desproporcionada. El derecho británico contempla para tal caso multas o una pena de cárcel de máximo un año. En el caso de Assange se suma el hecho de que, hasta donde sé, no tiene antecedentes penales previos. En Alemania, semejante infracción ni siquiera sería punible.
Hasta el momento no se sabe si existe un pedido de extradición o de detención de parte de Estados Unidos. No obstante, Assange teme precisamente ser extraditado a ese país. ¿Qué recursos legales tendría la Justicia estadounidense para proceder en su contra?
La Justicia estadounidense dispone de un amplio instrumental. Los delitos de los que se habla son en parte comparables a los imputados a Chelsea Manning. Son delitos graves, como la revelación de secretos de Estado u otros delitos contra la ley de espionaje. En el caso de Manning, sabemos que recibió una condena a 35 años de cárcel, aunque haya salido ahora de prisión gracias a una conmutación de la pena efectuada por Barack Obama. Lo interesante de la situación actual es que, por lo menos según las informaciones de prensa, en Estados Unidos aún no se ha presentado una acusación formal contra Assange. No se sabe si se prepara una. Pero, en vista de que hace poco el secretario de Justicia, Jeff Sessions, indirectamente declaró prioritaria la detención de Assange, me sorprendería mucho que Estados Unidos no lo persiguiera judicialmente. También habría que tomar en cuenta que la Administración Trump tiene una postura en general hostil hacia la prensa.
En concreto, la constelación es tal que desde 2006 está en vigor un nuevo tratado de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Este incluye también una regulación sobre “detención provisional”. En virtud de esta, los Estados se comprometen recíprocamente a detener a una persona si el otro lo solicita, aun cuando no exista todavía un pedido formal de extradición. Estoy convencido de que si Assange abandonara la embajada, Estados Unidos presentaría tal solicitud de “detención provisional”.
Quizás ya se haya presentado y exista un acuerdo de confidencialidad con los británicos. No me sorprendería.
Julian Assange se ve a sí mismo como periodista y a Wikileaks como un portal de noticias. Si Estados Unidos procede en su contra, ¿que significaría eso para los medios que han trabajado mucho con material de Wikileaks, como el New York Times, el Washington Post, The Guardian o Der Spiegel?
En Estados Unidos, la libertad de opinión y de prensa están profundamente arraigadas en la Constitución. Por fortuna, tampoco un presidente como Trump puede derogarla por decreto. La pregunta es dónde está el límite de la libertad de prensa desde el punto de vista estadounidense. Un proceso contra Assange también tendría que responder esa pregunta. Pero una cosa está clara: la publicación del material por parte de órganos de prensa como el New York Times, The Guardian o Der Spiegel no puede prohibirse, porque estos solo escriben sobre secretos de estados ya revelados públicamente por Wikileaks. Escribir sobre tales cosas no es solo el derecho, sino la obligación de una prensa investigativa seria.

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