El juez federal Daniel Rafecas ya recibió el requerimiento del fiscal Guillermo Marijuán para que investigue si tres jueces de la Corte Suprema cometieron el delito de prevaricato al fallar la semana pasada a favor de un represor de la dictadura beneficiado con un nuevo cómputo de su pena y se tomará unos días para estudiar la denuncia del abogado Marcelo Parrilli, según dijeron fuentes judiciales a Clarín.
Las mismas fuentes recordaron que la imputación formulada hoy por Marijuán contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton no implica automáticamente la apertura de la investigación sino que la denuncia hasta puede ser desestimada por el magistrado, como ocurrió hace dos años con la formulada por el luego fallecido fiscal Alberto Nisman o con una más reciente de legisladores kirchneristas contra el presidente Mauricio Macri.
Marijuán dijo en su dictamen que el voto de estos tres jueces de la semana pasada a favor del represor Luis Muiña "podría contrariar el contrato social" establecido en el castigo a los crímenes de la dictadura pero no pidió las medidas de prueba solicitadas por el denunciante. Parrilli quería que se citaran como testigos a senadores que se opusieron a aprobar los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz el año pasado y que se pidiera una copia del amparo obtenido por Highton para permanecer en la Corte más allá de los 75 años.
El fiscal apenas le recomendó al juez notificar a los tres magistrados de la Corte sobre la denuncia en su contra existente en los tribunales de Comodoro Py -a los efectos de si desean hacer una declaración espontánea por escrito, como se los permite la ley- y que se requiera al máximo tribunal una copia certificada de la sentencia de la polémica.
En el caso de Nisman Rafecas desestimó su denuncia por inexistencia de delito en el pacto Irán por el atentado contra la AMIA y archivó el caso, reabierto un año y medio después por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
En el más reciente antecedente con Macri, el mismo magistrado decidió desestimar la denuncia presentada por un grupo de legisladores opositores por presunto delito en la emisión de Letras del Banco Central (Lebacs). En este caso, la denuncia contaba con el impulso de la fiscal Paloma Ochoa. En el de Nisman, con el de su colega Gerardo Pollicita.