Formaba parte de un grupo de choque armado que aterrorizaba a trabajadores y pacientes del Hospital Posadas. Condenado por secuestros y torturas, se le otorgó el cómputo en contra de lo decidido por la Cámara de Casación.
El enorme predio del Hospital Posadas fue ocupado por fuerzas militares (Ejército y Fuerza Aérea) y policiales el 28 de marzo de 1976. Treinta de sus empleados fueron secuestrados: por lo menos once de ellos nunca volvieron a aparecer. Más de 150 fueron despedidos.
Luis Muiña, de 61 años, un represor civil que revistó en ese centro clandestino de detención fue beneficiado por la Corte Suprema con el 2 x 1. Había sido condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante su estadía en ese hospital del oeste del Gran Buenos Aires.
Uno de los casos emblemáticos es el de Jacobo Chester, empleado del departamento de estadísticas del centro de salud. Fue secuestrado en su casa por miembros del grupo de tareas que integraba Muiña. Su cadáver apareció flotando frente la Dársena F del puerto de Buenos Aires.
Según describió el juez Daniel Rafecas en el procesamiento, en el Posadas "lejos de velarse por la vida y por la integridad física de las personas, se sometió a los cautivos a un régimen de terror".
La residencia destinada al director del hospital, conocida como El Chalet fue usada para instalar un centro clandestino de detención . El doctor Julio Rodríguez Otero, entonces a la cabeza de un proceso democratizador del hospital, fue arrestado y torturado allí.
Al mando de todo estaba el general Reynaldo Bignone. Se creó un grupo de choque parapolicial, el "Comando de Seguridad Interna", del que formaba parte personal no uniformado. Provenían de las patotas del Ministerio de Bienestar Social de López Rega: eran policías exonerados de la fuerza. Luis Muiña integraba ese equipo, conocido como SWAT, por una serie televisiva de moda en aquellos años. Se paseaba por el enorme predio a bordo de un móvil haciendo ostentación de armas largas y ejecutaba la represión.
El coronel médico Julio Ricardo Esteves, interventor militar, lo había puesto en marcha cuando asumió para proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. Estaban convencidos de que en el hospital funcionaba una posta sanitaria destinada a atender a guerrilleros heridos. Estéves había contratado a Muiña, que fue transferido desde un hospital rural de Belén en julio de 1976, Catamarca, para formar parte de la fuerza de choque.
La justicia dio por probado que el SWAT dependía en un principio de la Fuerza Aérea, Brigada Aérea del Palomar, a pesar de que su disolución se dio después de un enfrentamiento a tiros entre personas de ambos bandos. La escuadra irregular había acumulado demasiado poder y era incontrolable.
En su defensa, los abogados de Muiña alegaron que tenía escasa instrucción y escaso grado, y que había sido "adoctrinado". Pretendieron instalar la idea de que la única transgresión del grupo al que pertenecía fue su actitud prepotente, que tenía una finalidad meramente disciplinadora. Sin embargo, Muiño fue reconocido por testigos como autor de crímenes de lesa humanidad.
Muiña había sido condenado en el 2011 a 13 años de prisión por secuestros y torturas. Cinco víctimas lo reconocieron, entre ellos Gladys Cuervo, que relató que el condenado participó de su interrogatorio bajo tormento. No es la primera vez que le conceden el 2 x 1.
Lo había hecho el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, contando doble sus días en prisión preventiva después de los primeros dos años en la cárcel. Pero el fiscal Martín Niklison había presentado un recurso en contra y la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal le había hecho lugar. Ahora, la Corte Suprema, en cambio, beneficia al represor.