La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a México a
investigar los hallazgos de la periodista Anabel Hernández publicados en el
libro "La verdadera noche de Iguala", que apuntan al Ejército como máximo
responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
emblemático caso que provocó una fulminante caída en la popularidad del
presidente Enrique Peña Nieto.
"Frente a la gravedad de la información publicada, en particular respecto
de altas autoridades estatales, la Comisión urge al Estado a investigar la
integridad de los hechos denunciados", apuntó en un comunicado la CIDH, un
organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que
siempre se mostró duramente crítico hacia el gobierno por el modo sesgado
que le dio al episodio que mantiene vigencia nacional e internacional.
En su investigación, Hernández contradice la versión oficial de los hechos
y concluye que fue el Ejército el que tomó el control de la situación el 26
de septiembre de 2014 e hizo desaparecer a los estudiantes siguiendo
órdenes de un capo local desvinculado del cártel Guerreros Unidos.
Los militares habrían ordenado detener los dos autobuses tomados por los 43
estudiantes porque llevaban un cargamento de heroína valorado en dos
millones de dólares, según Hernández.
El relato que todavía mantienen las autoridades mexicanas es que los 43
jóvenes fueron arrestados por policías municipales de Iguala y entregados a
Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero. Esa
versión fue refutada una y otra vez por los familiares de las víctimas y
por organismos locales y extranjeros de derechos humanos.
Hernández, Premio Nacional de Periodismo 2002 en México, llegó a esta
conclusión tras investigar numerosos documentos como un informe de la
Visitaduría General (Asuntos Internos) de la Fiscalía mexicana que pide
realizar pesquisas a policías federales y a militares del 27 Batallón de
Infantería por posibles nexos con el crimen organizado.
"Con el fin de garantizar la debida diligencia en la investigación, sin
perjuicio de que deban obtenerse y valorarse otras pruebas, las autoridades
deben prestar particular atención a la prueba circunstancial, los indicios
y las presunciones", añadió la CIDH en referencia a los hallazgos de
Hernández.
En una reciente entrevista con EFE, Hernández aseguró que, "en vez de
procesar a funcionarios implicados, el Gobierno mexicano decidió hacer una
operación de encubrimientos, que es otra etapa del crimen".
Según ella, a base de confesiones obtenidas bajo torturas se construyó la
llamada "verdad histórica", que centra la responsabilidad en el cártel
Guerreros Unidos.
Una delegación de la CIDH encabezada por su presidente, James Cavallaro,
realizó en noviembre una primera visita a México en el marco del mecanismo
de seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de
la escuela de los desaparecidos.
El caso de Ayotzinapa fue un disparador para la caída de la popularidad del
presidente Peña Nieto, que según las últimas encuestas conocidas oscila
entre el 22 y el 24 por ciento.