El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, admitió hoy que la
reducción de subsidios a los consumos de gas y electricidad provoca “un
impacto en el bolsillo de todos los argentinos, pero tiende a que
valoricemos la energía con el real costo de producirla, que va a ser la
primera etapa para producir ahorros y eficiencia en su uso racional”.
Aranguren expresó estos conceptos al hablar durante un seminario en la
Cancillería sobre la aplicación en el país de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 de la ONU.
El ministro recordó que el objetivo 7 del plan de Naciones Unidas apunta a
“garantizar el acceso a la energía asequible, sostenible, segura y moderna
para todos” y que “se emparenta con las metas del gobierno de “garantizar
la seguridad energética para el desarrollo sostenible y acompañarla con una
mitigación del impacto del cambio climático”.
“El sector energético es productor del 27% de los gases de efecto
invernadero en el país, por su participación relevante en la matriz de
anhídrido carbónico”, precisó.
Sobre la quita de subsidios para estimular el ahorro, el ministro destacó
el paliativo de la tarifa social para el acceso de los sectores más
vulnerables a los servicios eléctricos y la provisión de gas.
Aranguren recordó que, en materia de electricidad, el beneficio alcanza a
3,6 millones de hogares, el 27% de los 13,2 millones de usuarios, "pero con
los cambios introducidos, de generar mayor participación a partir de
reducir la antigüedad requerida de los vehículos y de considerar dos
sueldos mínimos, aún para jubilados y pensionados, ese número se tendría
que elevar a aproximadamente 4 millones".
En materia de gas natural, prosiguió el ministro, “cuatro provincias aún no
tienen redes -van a tenerlas a fines del año próximo, cuando terminemos el
GNEA (Gasoducto del Noreste)-, y tampoco acceden muchos barrios en los
conurbanos de las grandes ciudades, por lo cual son sólo 8 millones los
hogares que reciben este servicio, de los cuales el 25% lo hace con tarifa
social”.
Luego, “en el caso del plan de garrafas, que alcanza a 2,6 millones de
hogares, su reformulación mejoró la situación anterior, donde la
distribución tenía mucho que ver con la política partidaria, porque estaba
a cargo de los municipios, mientras a partir de una base de datos de Anses
son las amas de casa las que reciben el subsidio y es más razonable que así
sea”, aseguró Aranguren.
El ministro anticipó que “seguiremos trabajando en la depuración de bases
de datos y reorganizar la tarifa social, porque hoy sólo se tiene como
referencia al titular del servicio, del medidor de gas o luz, y tenemos que
asegurarnos que (el beneficio) llega a quien la necesita; ése es un trabajo
que vamos a encarar durante 2017”.
Aranguren recordó asimismo que en tres meses se adjudicaron 59 proyectos de
energías renovables en 17 provincias por 2.423 Mw de potencia, que se
construirán en plazos de 12 a 30 meses.
Así, “en 2018 el 9% de la matriz de generación eléctrica estará cubierta
con fuentes renovables”, por encima de la meta de 8% fijada por la ley
27.191, según la cual esa proporción deberá elevarse hasta 20% en 2025.
Como punto de partida, Aranguren recordó que hoy las energías renovables
representan apenas 1,8% del consumo: unos 800 Mw de centrales eólicas y
solares, y 600 de pequeños emprendimientos hidroeléctricos.
El ministro anticipó además que “vamos a empezar la segunda etapa del
Permer (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), con créditos
del Banco Mundial por u$s 200 millones, “para que tengan acceso a energía
renovable lugares remotos en donde el costo de transmisión es muy alto”.
“El programa permite el acceso remoto a una energía limpia en la forma de
mini generadores eólicos, calentadores solares, células fotovoltaicas y
otros, sin costos de transmisión, y vamos a cubrir unos 300.000 hogares,
aproximadamente 1,1 millón de personas”, concluyó Aranguren.